LosHechos

Lefebvre responde al requerimiento que el juez aprobó como última diligencia en el auto de procesamiento

Lefebvre-El Derecho Sociedad Anónima (S.A.) no encuentra en sus registros administrativos o contables ninguna factura emitida o recibida de los servicios prestados a la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así lo traslada el consejero delegado editorial al juez Juan Carlos Peinado en un escrito al que ha tenido acceso en primicia LA RAZÓN.

Esta es una de las compañías que colaboró en el proyecto del software que se analiza si se apropió indebidamente Begoña Gómez, incurriendo, con ello, en un delito.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ordenó esta última diligencia de investigación en el mismo auto con el que procesó a la esposa de Pedro Sánchez, a su asesora en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés, dejándoles a un paso del banquillo.

La pesquisa ahora completada había sido solicitada al instructor por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, en la vista que siguió a su envío a un procedimiento por jurado popular.

Tal y como ya publicó este diario, Lefebvre participó en una reunión "técnica" de trabajo para el desarrollo del programa informático en la que también estuvo presente la asesora de Presidencia del Gobierno Cristina Álvarez.

Asistió, concretamente, en un encuentro online con esta empresa, que tuvo lugar el 11 de enero de 2023, y en el que también estuvo presente Gómez y trabajadores de Deloitte, otra de las desarrolladoras de la plataforma tecnológica.

La Fiscalía insiste en el archivo
Además, la Fiscalía ha enviado ya su escrito de conclusiones provisionales al magistrado e insiste, como viene haciendo desde el inicio de las actuaciones, en que se archive el caso al no apreciar "delito en los hechos investigados y objetivados".

Pese a que el fiscal reconoce que "hay determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente" y respecto a lo que apunta que cabría "necesario huir de situaciones de riesgo de dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder".

Bajo la visión del Ministerio Público, esta es una cuestión que solo puede ser "de índole política" o, en la práctica, que llevase a "realizar una regulación apropiada sobre incompatibilidades y el papel que deben jugar cónyuges o familiares de cargos públicos".

En cuanto a las gestiones que la asistente realizaba de la actividad profesional privada de la esposa del jefe del Ejecutivo, el fiscal defiende la "insignificancia de la actuación" y la "inexistencia de perjuicio" para el erario público. (La Razón, 2026-04-27)