LosHechos

* El informe de Trabajo plantea compensarles por representar a trabajadores que no están afiliados.

El Ministerio de Trabajo está a favor de establecer una retribución pública a los sindicatos por la labor que desarrollan al participar en las mesas sobre reformas laborales y en la negociación de los convenios, que afectan al conjunto de los trabajadores y no solo a sus afiliados (diferente a las subvenciones). Así lo ha expresado en diferentes ocasiones y el informe sobre democracia en el trabajo abre una nueva vía para hacerlo: en la ley con la que el Gobierno quiere ampliar la participación de los trabajadores en el capital y en las decisiones de las empresas.

El documento presentado por un grupo de expertos internacionales, responde al encargo realizado por Yolanda Díaz hace un año. El texto contiene un borrador de la norma con la que se propiciaría el ingreso de los trabajadores en los consejos de administración y el acceso a la titularidad de parte de la empresa. Si bien, también recoge una serie de recomendaciones de políticas públicas para el Gobierno, entre las que figura dar una "financiación suficiente para cubrir su función representativa general en la negociación colectiva y el diálogo social".

La tesis defendida por el grupo, que coincide con las posiciones que defiende este departamento, es que la labor ejercida por los sindicatos beneficia al conjunto de los trabajadores a pesar de que solo una parte de ellos se encuentran afiliados y abonan una cuota mensual. Lo que les lleva a demandar "una ley sobre la participación institucional de una ley sobre participación institucional de los sindicatos representativos que imponga la financiación pública para compensar a los sindicatos por su labor esencial".

Este planteamiento excluye por completo a las organizaciones empresariales, que cumplen con las mismas funciones de interlocución social y colectiva que los sindicatos. Actualmente, el Ministerio de Trabajo ya concede a las principales centrales sindicales una subvención en función de la representatividad que hayan obtenido en las elecciones de los centros de trabajo. La última publicada, correspondiente al año 2025, ascendía a 32 millones de euros, el doble que lo que se había asignado en los años anteriores.

Desde el departamento explican que las organizaciones empresariales reciben "apoyo económico" del Ministerio de Trabajo por su participación institucional en órganos como el SEPE o la Seguridad Social, como también lo hacen los sindicatos. Las últimas cuentas publicadas por CEOE arrojan que en 2024 recibieron casi dos millones de euros por participar en estos órganos y otros 232.400 euros por participar en el Consejo Económico y Social (CES). Además, ambos tipos de organizaciones pueden acceder a las subvenciones anunciadas por el Gobierno para programas específicos y a las ayudas autonómicas.

La propuesta que contiene el informe entregado a Trabajo y que la vicepresidenta se ha comprometido a estudiar supondría un paso más allá, que responde a las reclamaciones verbalizadas por UGT y CCOO en los últimos años en las que han demandado una norma que recoja las funciones de los interlocutores sociales y que establezca un sistema de compensación por el papel que juegan en la firma de miles de convenios en todo el país, así como en el proceso de elaboración de las normas de naturaleza laboral.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, verbalizó esta petición en el 44º Congreso Confederal del sindicato, en el que fue reelegido para un último mandato. El secretario general defendió que "quien vive subsidiado es el sistema de relaciones laborales de nuestro país, los afiliados y las afiliadas del sindicato somos los que pagamos todo el sistema de relaciones laborales de nuestro país". El secretario general de UGT apuntó que su organización recibiría ese año cerca de cinco millones de euros, mientras que las funciones que desempeñan en la negociación de convenios les cuesta cerca de 15 millones de euros.

"Hay una deuda que tiene la sociedad con las organizaciones sindicales desde el año 1978. El Estado nos reclama trabajos que hacemos pero que pagan nuestros afiliados solo con su cuota, por eso, creo que es el momento de poder hacer un acuerdo que nos permita que el Estado retribuya a las organizaciones sindicales, empresariales, el trabajo que hacemos para todas las personas de nuestro país" reclamó en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta reflexión es compartida por los dirigentes de CCOO, que no han expresado de forma tan clara su posición en intervenciones públicas. El programa con el que Unai Sordo se presentó a la reelección apostaba por la autofinanciación como uno de los pilares esenciales del sindicato, sin embargo, los negociadores comparten la posición de que la labor ejercida en las miles de mesas de negociación abiertas en todo el país tendrían que ser compensadas por el sector público y no financiadas a través de las aportaciones de los trabajadores afiliados.

El Ministerio de Trabajo de Díaz también expresó esta posición en 2024, al presentar la estadística de la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Este indicador refleja que más de un 90% de los trabajadores están amparados por un convenio colectivo, a pesar de que el número de afiliados con los que cuentan los sindicatos es mucho más reducido.

A diferencia de otros modelos europeos (como el de Suecia o Dinamarca), en España, los cambios negociados por estos interlocutores se aplican al conjunto de los empleados, por lo que desde el Gobierno defendían que era razonable buscar una alternativa a la cuota sindical a través de una compensación pública. Ahora, Trabajo podría trasladarlo a la mesa de negociación con patronal y sindicatos al abrir las conversaciones sobre la democracia en el trabajo. (elEconomista.es, 2026-02-09)